"Las prácticas cristalizan la necesidad de un órgano de Revisión de Salud Mental Provincial"

Durante la semana pasada se desarrolló en General Roca, Río Negro, una intensa actividad formativa respecto del marco de derechos de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

Denominada “Capacidad jurídica y derechos humanos”, la instancia estuvo dirigida a Defensores, Jueces y cuerpos técnicos y fue organizada por la Escuela de Capacitación Judicial. El objetivo de la capacitación fue dotar de herramientas conceptuales y jurídicas en el nuevo marco del Código Civil y la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, de manera de maximizar el goce de sus derechos en igualdad de condiciones.

Estuvo a cargo de la Dra. Graciela Iglesias que actualmente es Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley Nacional 26657 de Salud Mental, quien luego de brindar la capacitación enfatizó en la necesidad de que la Provincia de Río Negro ponga en marcha el Órgano de Revisión de Salud Mental.

Salud Mental: Avances y pendientes en Río Negro

Iglesias destacó a Río Negro como referente nacional en el tratamiento de las personas con padecimiento mental, que fue la primer provincia que prestó un servicio de salud mental de puertas abiertas acorde a los derechos humanos. Se refirió además a las implicancias que ese modelo ha traído, con los claro y oscuros que ha tenido, “pero con la esencia de un sistema abierto, que efectivamente desplaza a la institución neurosiquiatrica. Sin desconocer algunos inconvenientes que tienen que ver con la institucionalización en el ámbito privado”.

"Se ha insistido y se ha hecho manifiesto un interés de parte de la administración de justicia, tanto del Superior Tribunal respecto al cumplimiento de derechos de los estándares internacionales, como a la actividad de la Defensa Pública de Río Negro que ha demostrado un interés y un activismo acerca de los derechos de las personas que están en situación de discapacidad psicosocial o bajo el sistema como usuario de salud mental. En ese recorrido, han intentado aprobar leyes específicas que acompañen al órgano de revisión local, cuestión que no se ha podido concretar aún. El interés sigue latente y la necesidad es todavía mayor, evidenciado por ciertos episodios que involucran nada más ni nada menos que la vida de las personas".

No es muda la muerte, escribió alguna vez la poeta Alejandra Pizarnik, y es la frase que recordó Iglesias a la hora de introducir la necesidad de que el organismo nacional preste especial atención “respecto de la investigación de cualquier situación que derive en muertes producidas en contexto de encierro psiquiátrico”.

“Esto tiene un impacto desde el lugar del derecho y de la función de distintos actores que tienen la responsabilidad de hacer cesar situaciones que ni siquiera excepcionalmente se pueden permitir", agregó.

En este sentido, la funcionaria destacó la tarea de defensores oficiales “atentos a cualquier situación que se pudiera producir y a mantener el contacto con el organismo nacional”. Además, en conjunto, “estamos empujando a que en la provincia exista un órgano que permita a los sectores poder tratar estas cuestiones y establecer un plan de acción que permita una mayor dignidad a las personas”.

“Desde mi primera intervención, veo un giro extraordinario de visión, de posición y, sobretodo, de compromiso. Es evidente que la Defensa tiene el compromiso de atención de los colectivos vulnerables, que no es una denominación o una categoría para identificar sospechosos, sino justamente es hacerse carne en la función. Tienen la preocupación de buscar distintos lineamientos para hacerlo efectivo”.

“Hay mucho compromiso, aunque debemos aún hacer una revisión más profunda de un modelo que venía pegado a nosotros desde hace años y que si bien hoy se reconoce como obsoleto, es el que brinda seguridad”, destacó.