El Consejo Directivo del CoPER manifiesta su posición sobre la la ley aprobada que establece la "emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional".
La promulgación de la reciente Ley de emergencia solidaria en el territorio provincial ha generado gran repercusión, especialmente al decretar un esfuerzo mayor a nivel impositivo de aquellos empleados provinciales cuyos ingresos superen los $75.000. Las medidas adoptadas de manera democrática por el gobierno generan malestar en relación a la decisión de afectar el patrimonio de empleados provinciales activos y pasivos en un contexto de crisis, pero con antecedentes de cuestionables administraciones de la caja de previsión provincial.
En el siguiente cuadro, se exhibe el porcentaje de aquellas personas que serían alcanzadas por la retención, y pone de manifiesto de manera alarmante la enorme disparidad de ingresos de los empleados provinciales en función de la institución a la que pertenezcan.
Si bien se trata de un aspecto conocido, resaltamos el hecho de que un ínfimo porcentaje del colectivo de psicólogos se vería alcanzado por la retención presente en la mencionada ley, encontrándose una gran cantidad de colegas sosteniendo empleos mal valorizados, con gran responsabilidad profesional e involucramiento en situaciones de sufrimiento psíquico, violencias de todo tipo, abusos, y conflictivas de gran complejidad.
Incomoda la decisión de que se vea afectado al trabajador, una vez más, en este contexto de incertidumbre y crisis previsional, ésta última que excede ampliamente la emergencia por el COVID-19. Denunciamos la disparidad de ingresos percibidos por los trabajadores provinciales, siendo necesario instar a la reflexión al respecto y promover políticas que mejore la equidad entre los distintos trabajadores del estado.
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Administración 
