Con la asunción del nuevo gobierno nacional y los cambios en los escenarios provinciales y municipales, creemos oportuno acercarnos a las y los decisores políticos con el sentido de reflexionar, abrir una instancia de diálogo y expresarles nuestro sentir respecto de la nueva oportunidad ante la cual nos encontramos para instalar y aplicar eficazmente la Ley de Salud Mental N° 26657.

Esta ley es el resultado de un proceso histórico de luchas por la transformación del sistema de salud/salud mental, y su alto valor radica en que se encuentra en consonancia con los lineamientos de los organismos especializados del sistema internacional de los derechos humanos, motivo por el cual nuestra Ley ha recibido el respaldo de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud.

Necesitamos señalar que en salud mental, no alcanza con ofrecer cobertura, es necesario garantizar accesibilidad a la misma, ya que consideramos que esta es una de las mayores dificultades con las que tropieza nuestra ciudadanía al momento de requerir sus servicios. Es por esto que estimamos necesaria la participación de cada uno de las partes actoras que están implicados en el sostenimiento de la ley de Salud Mental, requisito mínimo e ineludible para la diagramación e implementación de políticas públicas, reconociéndoles su participación como interlocutores en la discusión y armado del nuevo esquema que restituya los derechos que la Ley consagra, pero que su falta de aplicación ha hecho que hoy hablemos de vulneración de los mismos.

Es Importante recordar que la Salud Mental, tomada como derecho, es uno de los efectos producidos por la Modernidad. Gestada en los ideales de la Revolución Francesa, fuertes movimientos de reconocimiento de la condición humana conmovieron los cimientos de los tratamientos en Salud Mental. Sin embargo y al mismo tiempo, el impacto dentro del régimen de la Salud Pública fue más complejo: al mismo tiempo que se instala como derecho comienza también –sin prisa y sin pausa- a hacerlo como mercancía. En la actualidad, tanto en los países centrales como más acentuadamente en los periféricos como el nuestro, el predominio absoluto es del efecto mercancía. El recorte de los presupuestos para el área de salud, la devastación del Estado, la exclusión social, son contemporáneos con la primacía del gobierno de corporaciones, que ha configurado este modelo de desatención de la comunidad. Es por esto mismo que consideramos el respeto a los Derechos Humanos como un requisito necesario para el acceso a la condición ciudadana. Si tanto insistimos en unir el par Salud – Derechos Humanos se debe a que las falencias son tan grandes, que se torna imprescindible esta repetición tantas veces como sea necesaria, para lograr que se materialicen las acciones que modifiquen ésta, nuestra realidad. 

Entendemos entonces que las acciones de afianzar y desarrollar dispositivos en comunidad; revisarlos procedimientos de las derivaciones; incluir trabajadoras y trabajadores profesionales desarrollando su labor en el marco comunitario y proponer e incentivar trabajos culturales para disminuir el estigma que sufren los usuarios de salud mental, posibilitarán más acceso al servicio y promoverán menos sufrimiento social. 

“Cuando hablamos de desmanicomialización, debemos poder dar el salto simbólico que implica el término. Quedarnos con la palabra desnuda, desprovista de su horizonte de sentido, de nada vale. Es decir, hablar de desmanicomialización no es hablar de deshospitalización. Tampoco es desasistir. Quienes estamos aquí, sabemos ciertamente que las políticas neoliberales ambicionan el retiro del Estado”i. Decimos esto porque queremos dejar más que claro que sustituir las lógicas manicomiales no significa eliminar los asilos solamente. No es un término que refiera solo a borrar las paredes de los manicomios, sino a construir alternativas a un sistema anquilosado que atraviesa los distintos dispositivos de trabajo. Distintos dispositivos que en muchos casos han perdido su sentido original antimanicomial, instituyéndose en las antípodas, y con trabajadores y trabajadoras de la salud mental que lo sostienen. No importa aquí de que profesión provienen, ni el tinte progresista que los atraviesa. Una internación puede ser manicomial en un Hospital General o en un Geriátrico si solamente se interna al paciente para custodiarlo, darle la medicación y tener algunas entrevistas con psicólogos y psicólogas, psiquiatra o trabajadores sociales y el resto del día queda depositado. Una guardia en el mismo Hospital General es manicomial cuando deriva a los monovalentes a usuarios y usuarias que hayan tenido una internación previa o se presente como conflictivo (consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, etc.). Un Centro de Salud o un Servicio de Consultorios Externos responde a la lógica manicomial cuando se convalidan listas de espera de meses, o cierran directamente las admisiones y las listas de espera. 

La importancia de esta nueva etapa resulta central para retomar el enfoque de derechos, es decir, considerar a usuarios y usuarias y sus familiares y apoyos como sujetos de derechos, no objetos de protección o tutela.

Consideramos importantes señalar que los estudios realizados en nuestro país, indican que uno de cada tres argentinos y argentinas tiene posibilidades de sufrir en su vida un padecimiento mental de moderado a grave, cifras que están en sintonía con los números internacionales. 

No está de más recordar que aparte de producirnos sufrimiento, los padecimientos mentales tienen un alto impacto en materia económica. Aproximadamente entre el 3 y un 4% del PBI se pierden por estas situaciones. Los sufrimientos mentales como la depresión, el alcoholismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar forman parte del top ten de enfermedades con mayor causa de discapacidad, además de la bivalencia de los padecimientos mentales en sujetos que sufren enfermedades físicas como infartos, cáncer, diabetes e hipertensión, como ejemplos. Los trastornos depresivos son la principal causa de discapacidad y, cuando se considera la discapacidad junto con la mortalidad, suponen 3,4% del total de años de vida ajustados en función de la discapacidad y 7,8% del total de años perdidos por discapacidad, en nuestra región Americana. El 34% de los APD son por trastornos mentales y relacionados con consumo de sustancias en Argentina II 

Es importante incorporar a este análisis algunos datos que ponen en contexto la actualidad del sistema de Salud Mental en nuestro país.

El flamante Censo Nacional presentado el pasado 1 de agosto de 2019 por la Dirección Nacional de Salud Mental de la Nación, en cumplimiento del artículo 35 de la Ley Nacional de Salud Mental, arrojó un total de 12035 personas internadas por motivos de salud mental en Hospitales Monovalentes. 

Si bien esta cifra se ha reducido a la mitad los últimos 12 años, continúa siendo alarmante. Sobre todo, teniendo en cuenta que han quedado sin censar aquellos dispositivos de internación por adicciones, o geriátricos, u hogares de niños, niñas y adolescentes. 

El 36% de las y los ciudadanos que están internados, llegan allí a partir de una indicación profesional por riesgo cierto e inminente. Mientras que el 64% (unas 7700 personas) no presentarían indicadores que requiriesen una internación por motivos de salud mental, sin embargo están allí. El promedio de tiempo de internación es de 8,2 años, siendo superior en el sector público: 12,5 años.III 

En Agosto de 2019 la Comisión Provincial por la Memoria, denunció en la presentación de su Informe 2019 que en último año se registran 180 personas fallecidas en el marco de internaciones por razones de salud mental en la provincia de Buenos Aires. Un número mayor que las muertes producidas en las cárceles (140 personas) en ese mismo periodo.

En función de esto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace una serie de recomendaciones al Estado, que van desde adoptar medidas para prevenir y abordar malos tratos en las instituciones, garantizar el cumplimiento de Resoluciones del Órgano de Revisión sobre muertes en instituciones monovalentes, y sobre el NO USO de terapia electroshock. Garantizar abordajes basados en el consentimiento libre e informado, y en base a fortalecer la red de servicios comunitarios y la apertura de servicios de salud mental en los hospitales generales, entre otros.

Nosotros compartimos la premisa que sostiene que la exclusión social es en sí un hecho de violencia. El no discurrir de la palabra provoca cada vez más desafiliaciones o pérdidas de derechos y obligaciones, no sólo económicos, fundamentalmente simbólicos, en términos de exclusión y aislamiento subjetivo. Tener solo políticas focalizadas desde una mirada reduccionista (sea cual sea el reduccionismo) y no integrales, es hoy contrario a la ley y lamentablemente en estos años, nos hemos alejado gravemente de las condiciones de intersectorialidad e integralidad en el diseño de políticas públicas. 

Entendemos que las nociones de locx, niñx, adictx, excluidx, se encuentran subordinadas a enunciados filosóficos, educativos, legislativos, médicos, religiosos y, sobre todo, a formas de subjetivación, es decir, a sistemas de creencias respecto a la representación que sobre estos enuncie una comunidad determinada- En definitiva, una teoría del sujeto, sobre la que debe trabajar cualquier dispositivo. 

Es por esto que sostenemos que se hace necesario por parte de las y los actores implicados en la llamada Salud Mental en Argentina, analizar y debatir los actuales conceptos de salud, Institución Psiquiátrica, práctica clínica, adicciones, etc., a fin de poder elucidar el imaginario hegemónico de nuestro momento socio-histórico, cuyos efectos en los discursos y prácticas han tenido y tienen consecuencias en la clínica, en lo social, en lo jurídico, en lo institucional, en la medicina, en lo educativo, y en lo familiar. Indagar en la historia y la actualidad, nos permitirá desmitificar diversas ideas arraigadas al modo de prejuicio y sentencia, siendo imprescindible también pensar a todos estos actores sociales nombrados, como Sujetos de Derecho, no como Objetos de Intervención. Y desde ahí, respetando el horizonte de sentido que marca la ley, trazar alternativas a este modelo vigente. 

Por esto, solicitamos: 

1. Jerarquizar en el organigrama funcional del futuro Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Salud Mental. 
2. Solicitar en el marco de la articulación ministerial el impulso político de la CONISMA. El espacio de definición intersectorial e interministerial entre los gestores públicos nacionales debe recuperar un poder que permita que los ejecutivos ministeriales asuman como propias las decisiones de la misma. Sostenemos que debe volver a funcionar en Jefatura de Gabinete de Ministros.
3. Garantizar condiciones laborales de las y los trabajadores de Salud Mental, así como también fomentar instancias de formación de las y los trabajadores de la Salud Mental en prácticas interdisciplinarias e intersectoriales, que posibiliten que la responsabilidad profesional de los mismos no se vea amenazada por la falta de actualización de conocimientos, como así también, y, principalmente, no afecte los procesos de externación y la aplicación de prácticas y estrategias comunitarias.
4. Definir políticas que presten especial atención a sectores particularmente vulnerables: niños, niñas y adolescentes, infancias y adolescencias trans, mujeres y disidencias, y adultos mayores.
5. Respecto a niños, niñas y adolescentes, solicitamos desalentar la legislación por patologías. Estas intentan, en el mejor de los casos, propiciar acceso a la salud como derecho, pero en ocasiones – además de realizar un proceso de fragmentación forzada de los sujetos – contribuyen a desarrollar clasificaciones excesivas y sobrediagnósticos, con el correspondiente aumento de los Certificados Únicos de Discapacidad. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben acceder a todos los dispositivos de salud sin la necesidad de un rótulo que, en definitiva los/as imposibilita.
6. En el caso de las y los adultos mayores, requerimos que el PAMI revise el sistema prestacional que tiene en Salud Mental, pidiendo que el mismo se ajuste a estándares de calidad en la atención y el acceso.
7. Conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental, corresponde que los esfuerzos que realizan los Estados en materia de prevención y tratamiento de  los  consumos  problemáticos  estén  bajo  la  órbita  de  la  Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones o estamento estatal superior, siendo necesario integrar en ese espacio dichas políticas y a sus trabajadores/as., con las garantías de respeto por las condiciones laborales. 
8. De igual forma, integrar las direcciones de los hospitales monovalentes al organigrama de los espacios ejecutivos de Salud Mental y Adicciones. 
9. Trabajar en el progresivo avance del incremento de las partidas presupuestarias al área de salud mental, a fin de dar cumplimiento al Art. 32, hasta llegar al 10% del total asignado a Salud.