El Congreso aprobó en 2018 el proyecto que Fepra impulsó junto a Red por la Infancia, modificando el Código Penal por la cual el abuso sexual infantil pasa a ser un delito de instancia pública. Ver ley en el boletín ofical.
Al ser un delito de instancia pública, el Estado deberá investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Antes, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratificara la denuncia terminaba siendo un obstáculo para que haya justicia.
¿Por qué? Lamentablemente, en el 90% de los casos el abusador es un familiar varón de la víctima. Nada fácil acusar a un hermano, un hijo, una pareja, un padre. Consecuencia: se denuncia apenas el 10% de los casos y se condena menos del 1%.
Ahora se busca una ley complementaria. Protección a los profesionales obligados a denunciar: eximirlos del secreto profesional, de responsabilidades legales y reservar su identidad.
Fuente: Fepra
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