La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, expresa su profunda preocupación ante un nuevo intento de contradecir la Ley de Salud Mental en sus principios estructurales y garantistas.
En esta oportunidad, tras el lema “un cambio de paradigma”, se avanza controvertidamente sobre los hospitales monovalentes de la Ciudad de Buenos Aires -especialmente el Borda y el Moyano, pero también el Alvear, bajo el formato consistente en la reconversión de dichas unidades hospitalarias en un “Polo de las Neurociencias”.
Señalamos que el “cambio de paradigma” al que alude el Presupuesto 2017 de la Ciudad de Buenos Aires, poco se acerca al expuesto y legitimado democráticamente por la Ley de Salud Mental N° 26657. Esta reconversión revela un anhelo mercantilista de acelerar un proceso de externaciones compulsivas hacia clínicas privadas que mantienen convenios con el Gobierno de la Ciudad; ampliar las áreas de “Docencia e Investigación” en DETRIMENTO de los servicios y dispositivos asistenciales y culminar así transformando a los pacientes “crónicos” que sobrevivan a las externaciones compulsivas en campo de experimentación de protocolos de investigación requeridos por los pulpos farmacéuticos.
Porque advertimos esta siniestra cadena de acontecimientos, es que decimos “No al Polo de las Neurociencias en el Borda y el Moyano”.
Por ello adherimos y recordamos la Resolución 8/14 del Órgano de Revisión Nacional con motivo del proyecto de refuncionalidad del Neuropsiquiatrico Zonda, en el que destaca que la adaptación y adecuación de las instituciones monovalentes previstas en la Ley 26657 es solo un paso de transición hacia la sustitución definitiva por los dispositivos alternativos (art.27) y requiere de un proceso de descentralización progresiva, con pasos y caracterizaciones definidas, que, por un lado produce una trasnferencia de recursos humanos y financieros hacia estructuras de base comunitarias incluyendo la internación en hospital general y por todo garantiza los derechos fundamentales de los usuarios institucionalizados incluyendo la reducción de las secuelas que el hospitalismo produce.
Nos oponemos entonces el proyecto de reforma del decreto reglamentario recientemente presentado por AMM ante el Ministerio de Salud Pública.
Exigimos por ello que en el presupuesto 2017 el Ministerio de Salud Pública respete las normativas vigentes en materia de protección de derechos de las personas con problemas de salud mental y destine los recursos necesarios para su plena implementación.
FEPRA
Administración 
